Quito. El juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por presunta corrupción comenzará este martes a las 10 a.m. (hora local).
Lasso comparecerá ante la Asamblea Nacional, en la que los 137 parlamentarios ecuatorianos contarán con dos horas para presentar sus acusaciones.
Luego, el jefe de Estado podrá defenderse por un periodo de tiempo similar.
Cuando termine Lasso, ambas partes dispondrán de una hora adicional para réplicas.
La sesión terminará con un debate en el que cada parlamentario podrá tomar la palabra durante 10 minutos.
Se estima que el destino del mandatario se determinará en la sesión del sábado 20 de mayo.
La sesión final que determinará la suerte del presidente de Ecuador tenga lugar el próximo sábado 20 de mayo.
Este es el segundo intento para destituir a Lasso en menos de un año.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dijo a la radio local que el presidente “va a ir a la Asamblea Nacional, pese a que es un proceso viciado de ilegalidad porque no hay informe con el cual le estén juzgando. Mañana va a ir, va a defenderse, va a ser claro en por qué no hay peculado alguno”.
La semana pasada fue aprobada en el Parlamento una moción de censura contra Lasso con 88 votos a favor y un cuórum de 116 legisladores.
El mandatario es acusado por la oposición de peculado o malversación de fondos públicos, por no actuar tras supuestamente enterarse que algunos funcionarios otorgaron a terceros de varios contratos de la estatal Flota Petrolera de Ecuador (Flopec) de forma fraudulenta.
Lasso afirma que el contrato se firmó años antes de que asumiera el cargo y que durante su gestión se hicieron los cambios correspondientes a un proceso que habría sido fraudulento.
Sin embargo, la Constitución ecuatoriana otorga el jefe de Estado un poder para activar una fórmula consagrada que le permite disolver la Asamblea Nacional, la “muerte cruzada” como se le conoce.
Si aplicara esta prerrogativa, Lasso podría gobernar por decreto durante seis meses, con el control de la Corte Constitucional, pero también tendría que convocar elecciones presidenciales y legislativas.
